En algunas comunidades autónomas se tiene fácil acceso y en otras no. Las desigualdades en la atención a la salud sexual y anticonceptiva son alarmantes, sobre todo porque choca con que, pese a que se ha avanzado tanto en muchos aspectos, una mujer que viva en Madrid, o en Barcelona o en Sevilla, por poner algún ejemplo, será atendida de manera diferente y se sentirá mejor o peor tratada. Muchas comunidades no cuentan ni con centros de planificación familiar ni con servicios específicos de salud sexual y reproductiva. Y no digamos nada de la atención a los problemas sexuales, ya que solo excepcionalmente existen consultas de sexología dentro del sistema público. ¿Y qué pasa con la gente joven? La OMS lleva años instando a que se abran centros amigables especialmente pensados para ellos y ellas. Pero resulta que, en España, los que hay se pueden contar con los dedos de una mano. Aun así, no todo es negativo y podemos aprender de algunas buenas prácticas, impulsadas por el Ministerio de Sanidad, con su Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y por determinadas Consejerías de Sanidad. Además, en la atención a los procesos reproductivos, sobre todo los relacionados con el embarazo, los avances han sido espectaculares en los últimos 10-12 años.

Que un servicio de ginecología y obstétrica al completo sea objetor es ilegal, al obstruir el ejercicio de los derechos de las mujeres que recurren a un aborto. Por definición, la objeción de conciencia tiene que ser individual, lo que ha sido avalado recientemente por el Parlamento Europeo. Se pueden buscar alternativas para conjugar los derechos de los profesionales objetores y de las mujeres, pero para eso hay que respetar la ley, cosa que no se hace cuando esa actitud injusta con las mujeres es aplaudida por el propio gobierno autonómico, como ha sucedido recientemente en la Comunidad de Madrid. Desde mi experiencia estoy convencida de que la mayoría de los y las gineco-obstetras de nuestro país no son objetores; simplemente cuesta menos dejarse llevar por las normas que sus responsables clínicos imponen. Defender la propia conciencia es uno de los principios éticos más universales, pero se desvirtúa cuando se utiliza como pretexto. No he escuchado a nadie que defienda no respetar la objeción de conciencia de los profesionales y obligarles a realizar abortos, pero, visto lo visto, no cabe duda de que hay que regularla mejor.

Esas actitudes no son nuevas, ni tampoco de extrañar, sobre todo porque en los últimos tiempos campan a sus anchas quienes incitan al odio entre conciudadanos. Ellos y ellas son libres para no abortar, pero no soportan la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones. El daño que hacen es muy grande porque la salud bio-psico-social es un bien a proteger y con su empeño en obstaculizar el ejercicio de los derechos que tanto tienen que ver con la intimidad y la libre elección, lo que hacen es añadir dolor a un proceso que, sin ánimo de dramatizar, no es agradable.
Es muy preocupante ver a determinados gobernantes, en este caso en Madrid, donde más se han producido estos acosos, mostrando más empatía con quienes jalean que con las mujeres que solo buscan una atención sanitaria respetuosa y de calidad. Que el mismo Colegio de Médicos de Madrid animara a que los médicos colaboráramos haciendo ecografías en furgonetas a las puertas de esos centros, afortunadamente con nula respuesta, da una idea de que se necesita un marco legal que penalice esas barbaridades. Así que sí, esa ley que evite esos atropellos es fundamental y un mero acto de humanidad. La experiencia de Francia nos ha abierto el camino y ahora solo falta que no se quede en una simple declaración de intenciones.

Los centros de planificación familiar tienen mucha historia, pero poco presente y futuro si no se hace nada. En los años 80, la planificación familiar era una ventana de libertad para las mujeres: todo el mundo hablaba de ella y de lo bien que se vivía cuando el sexo y los embarazos imprevistos no tenían por qué ir de la mano. Entonces había cientos de centros. Aun así, la mayoría de las mujeres, sobre todo las más humildes, siguen esperando encontrar servicios donde se las escuche, se les hable sobre cómo disfrutar de su sexualidad sin correr riesgos, que se les haga las revisiones rutinarias para detectar a tiempo patologías en el cuello del útero o en las mamas, que puedan optar a anticonceptivos cómodos, efectivos y gratuitos y que todo ello se haga en un ambiente de confianza, con un lenguaje que entiendan y sabiendo que no van a ser juzgadas por lo que digan, por lo que decidan, por cómo vayan vestidas o por con quién se acuesten. Y esa es la planificación familiar que aún me conmueve.

Miles, y ese es el gran legado de mi vida profesional. Para que esa bonita historia no se pierda hace falta que, además de la participación de los equipos de atención primaria en las demandas de planificación familiar, existan centros de salud sexual y reproductiva (SSyR) en todas las provincias. Son lugares de referencia y apoyo, donde se cuida la salud de las mujeres, haciéndolas más protagonistas de su historia. Situándonos, claro está, en el aquí y en el ahora: dando respuesta, más especializada, a las necesidades de las personas con discapacidad, de otras culturas, LGTBI, con alguna patología mental, o que sufren alguna disfunción sexual. Por soñar, ya sería genial si en esos servicios se pudieran realizar abortos farmacológicos.

Estar en contra de la educación sexual integral es de lo más retrógrado que conozco. Como recoge el propio Parlamento Europeo, apoyándose en guías técnicas internacionales de la UNESCO, la educación sexual integral (ESI), basada en la evidencia científica, no discriminatoria y adaptada a las diferentes edades, facilita los comportamientos sexuales responsables y empodera a los chicos y chicas para tomar decisiones. Pero para educar bien hay que saber hacerlo, conforme a lo que la pedagogía y la sexología nos dice. No se trata de enseñar y transmitir lo que nos parece, ni pensar que quiénes hacemos educación sexual queremos, por no sé qué extraña razón, promover prácticas sexuales entre nuestros niños y niñas. Hoy en día cada vez más jóvenes reciben información sobre sexualidad y relaciones de múltiples fuentes, sobre todo digitales. En muchos casos es una información engañosa para incitar al consumo, que no se basa en hechos reales o que incluye actitudes violentas o visiones negativas de la sexualidad. Por eso las y los niños y las personas más jóvenes necesitan contar con información fiable que contribuya a que se relacionen de manera satisfactoria y a que vivan su sexualidad con bienestar y sin sufrimiento. La educación sexual se la proporciona, y a la vez les empodera para que puedan cuidar y cuidarse, tomar decisiones sobre las relaciones y la sexualidad que les produzcan bienestar y salud y les libre de la violencia y las desigualdades y de riesgos.

Muchas cosas van cambiando, pero otras no; además depende mucho del contexto social y cultural. No es lo mismo cómo entienden la sexualidad chicos y chicas de barrios ricos que van a colegios católicos, que chicos y chicas de barriadas obreras, o procedentes de otras culturas. Diría que en el mundo actual, tan cargado de novedades tecnológicas, liberalismo económico, competitividad, desigualdad y con falta de expectativas para la juventud, se mantienen conductas reprochables y aparecen otras que, sin ser censurables, nos cuesta entender. A mayor tecnología, mayor exposición a informaciones falsas y nocivas. Así, por ejemplo, sabemos el peso que tiene la pornografía, el sexo fácil, rápido, impositivo, en la vida de muchos y muchas jóvenes, con sus consecuencias de incremento de violencia sexual. Pero la responsabilidad no es de ellos y ellas. En una sociedad tan cambiante, la educación sexual aún cobra más importancia, dejando en evidencia que, pese a experiencias puntuales, nuestros chicos y chicas no reciben lo que necesitan.

La perspectiva no tiene por qué ser negativa: por ejemplo, entre la juventud ha calado el uso de preservativo, cosa que en las décadas pasadas no sucedía. Las ideas feministas y el respeto a la diversidad sexual han permeado a la sociedad y a la juventud, de tal modo que nuestras adolescentes valoran más el consentimiento, primer paso para no dejarse llevar por las ideas de amor romántico en el que las chicas se llevaban la peor parte. Y más respeto hacía lo diferente. Quizá también, entre una parte de las nuevas generaciones se esté reduciendo la tradicional sobrevaloración del coito como expresión máxima de la sexualidad; y eso es positivo, no solo por la reducción del riesgo que entraña, sino porque abre nuevas puertas a la autoexploración y a una sexualidad más plena.

En mi opinión, una cosa no está reñida con la otra. Defender con pasión que las personas tenemos derechos sexuales y reproductivos, consustanciales a los derechos humanos, es hacer política. Si luchamos contra el matrimonio infantil o forzado, contra las pruebas de virginidad, contra el embarazo de niñas y adolescentes, contra la violencia sexual y de género, y apostamos por el acceso igualitario a la educación sexual, a métodos anticonceptivos seguros y abortos realizados con seguridad, respetando la libre decisión de las mujeres, también. Para conseguir esos objetivos no queda más remedio que incidir políticamente para que los gobiernos y los organismos internacionales cumplan todo aquello a lo que se han comprometido, en los plazos acordados y poniendo los medios, también económicos, necesarios.
No obstante, temas tan básicos, que afectan a la vida de nuestra juventud, deberían ser objeto de consensos. La clave es abandonar las soflamas y analizar los contenidos educativos que proponemos, sobre la base de lo que nos dice la ciencia, no de lo que unos u otros pensamos que es lo mejor. Y claro que los padres y madres tienen muchas cosas qué decir. La mayoría agradecería que a sus hijos e hijas se les enseñe lo que a ellos se les ocultó, porque cualquiera prefiere que el conocimiento venga del profesorado bien formado que de internet o de otras fuentes menos fiables. ¿Esperanzas? Pocas. Si en cosas tan elementales como la “educación para la ciudadanía” hubo oposición, difícil será consensuar sobre educación sexual. Esperemos que al menos las nuevas leyes, más favorables a la educación sexual y a los derechos sexuales, mejoren las cosas; ¡por nuestras generaciones futuras!